El pasado 29 de abril se llevó a cabo el webinar “ABC Jurídico para la Vinculación Laboral de Personas en Situación de Discapacidad – Reforma Laboral Ley 2466 de 2025”, un espacio académico orientado a fortalecer el conocimiento sobre inclusión laboral, normatividad colombiana y no discriminación en el ámbito empresarial. La jornada contó con la participación de 149 asistentes interesados en temas de gestión de la salud, seguridad y responsabilidad social empresarial.
El encuentro fue liderado por Javier Garzón, abogado, magíster en Derecho con énfasis laboral y seguridad social y docente universitario, quien presentó los principales cambios normativos relacionados con la contratación de personas con discapacidad en Colombia. Durante el webinar se destacó la Ley 2466 de 2025, normativa que establece que la inclusión laboral deja de ser una práctica voluntaria para convertirse en una obligación legal para empresas con más de 100 trabajadores, medida que comenzará a regir a partir de junio de 2026.
Asimismo, se abordaron disposiciones relevantes como la Ley 1618 de 2013 y la Ley 361 de 1997, junto con la jurisprudencia vigente sobre estabilidad laboral reforzada y protección frente a la discriminación laboral.
Uno de los temas centrales del webinar fue el certificado de discapacidad, su finalidad jurídica y el procedimiento de expedición conforme a la Resolución 1197 de 2024. El experto explicó que las empresas deberán incorporar cláusulas específicas de protección en los contratos laborales y realizar ajustes contractuales mediante otrosí cuando un trabajador obtenga posteriormente la certificación. También se enfatizó en la diferencia entre el certificado de discapacidad y la calificación de pérdida de capacidad laboral.
Durante la jornada académica se resaltó la importancia de implementar ajustes razonables en los entornos laborales, eliminar barreras físicas, actitudinales y comunicativas, y fortalecer políticas institucionales de diversidad, equidad e inclusión.
El webinar también brindó orientaciones prácticas sobre tipos de contratación, cláusulas inclusivas, beneficios tributarios, subsidios por contratación y ventajas en procesos de licitación pública para las organizaciones que promuevan la inclusión laboral de personas con discapacidad. De igual forma, se aclaró que no existen excepciones sectoriales frente al cumplimiento de la ley y que cualquier limitación deberá estar debidamente sustentada.
Finalmente, los asistentes participaron activamente a través del chat con preguntas relacionadas con los retos jurídicos y organizacionales de la inclusión laboral.
Con este tipo de espacios, la ECR continúa fortaleciendo la reflexión académica y profesional alrededor de la inclusión, la equidad y el cumplimiento normativo, promoviendo entornos laborales más accesibles, humanos y comprometidos con la igualdad de oportunidades.
Por: Marcela González
Docente de la Maestría en Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo
